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CASO DERRUMBE, A DIEZ AÑOS DE LA TRAGEDIA: MARCHAN POR JUSTICIA

En comunicación con radio10, el abogado Juan Manuel Podesta: “La marcha pacífica busca evidenciar la enorme crisis que atraviesa la justicia Correntina”.

Diez años de impunidad ¿encontrarán este año respuesta de la Justicia de Corrientes? en la causa que desnuda no solo las responsabilidades empresariales y políticas, sino también la profunda crisis judicial Correntina.

A diez años de la tragedia, familiares de los obreros y varias personas que los acompañan desde hace tanto tiempo marcharán pacíficamente desde las 9 ( concentración) en la plaza de la Cruz hasta la obra de calle San Martín donde se hará el encendido conmemorativo de velas.

El recorrido continuará a lo largo de diversas calles de la capital Correntina, para visibilizar el reclamo de justicia tras diez años sin respuesta de los órganos judiciales correntinos y, en la semana en que después de tanto comienzan a declarar los testigos en el juicio oral a los sindicados responsables.

El derrumbe ocurrió un 22 de marzo de 2012 pasado el mediodía, cuando los obreros se encontraban trabajando obligados por la patronal en la carga de hormigón para el tanque de agua del edificio proyectado y construido por los hermanos Mayer, el ingeniero Cohen y el constructor Bruquetas.
Las pericias realizadas en la causa permitieron demostrar que los encofrados de madera habían sido mal preparados y con graves deficiencias, lo que hizo que no soportaran el peso de la carga que era bombeada por la empresa Melmix, que también es demandada en el juicio oral por la responsabilidad de sus directivos.
El edificio en construcción estaba en grave falta, al punto que había sufrido clausuras municipales previas y, no estaba autorizado en la cantidad de pisos ni en el destino definitivo de la obra. Estas graves irregularidades se sumaron a la falta de elementos de seguridad legalmente exigidos para los trabajadores.

Ese lamentable día, obligados por el capataz de la obra, el imputado Valenzuela, a riesgo de perder su trabajo tuvieron que subirse a realizar la carga del tanque de agua, sin medidas de seguridad adecuadas y con el lamentable resultado.

Acompañados por los abogados querellantes: Cubilla Podestá, Leiva y Gómez Jaime, la marcha pacífica busca evidenciar la enorme crisis que atraviesa la justicia correntina que no ha podido dar respuesta a la gran cantidad de familias afectadas por este hecho tan grave.

AÑOS MAS TARDE

Más de 10 obreros cayeron al vacío, 8 de ellos fallecieron ese día, algunos en el momento, otros, horas más tarde en el Hospital Escuela luego de una lamentable agonía.

Las familias se enteraron de la tragedia por los medios, ya que los responsables de obra nunca les avisaron.
Con gran cantidad de lesionados y 8 obreros fallecidos, la justicia correntina demoró más de diez años para enjuiciar a los supuestos responsables, al punto que uno de los imputados, el Ingeniero Cohen debió ser sobreseído por la senilidad propia de su edad.

EL “NO” JUICIO
Durante las audiencias previas al Juicio, las familias fueron entrevistadas por el Tribunal Oral 1 respecto de su interés en la continuidad de la causa, muchas de ellas le pidieron justicia al órgano judicial, a diferencia del fiscal de la causa Carlos Lertora que pidió, en acuerdo con las defensas, que no haya Juicio y los imputados pudieran ser absueltos.

La inconducta del Fiscal Lertora fue tan grave que llegó al punto de desobedecer las instrucciones de sus órganos superiores y pedir que sea anulado el requerimiento de elevación de la causa a juicio en plena audiencia oral, momento en el que fue interumpido por el Fiscal Adjunto que como director de la acusación lo tuvo que desautorizar.

Tras el escándalo el abogado querellante, Cubilla Podestá reiteró el pedido de que el fiscal sea apartado por su falta de objetividad y por dañar gravemente la postura de las acusaciones con su conducta procesal.
La decisión de su apartamiento fue resuelta por el Fiscal General César Sotelo luego del papelón de Lertora ante el Tribunal de juicio.

Con defensas dilatorias de los imputados, con órganos judiciales lentos, con fiscales no comprometidos y, luego de innumerables obstáculos, las familias y sus representantes legales han logrado enjuiciar a los imputados para poder determinar sus responsabilidades.

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