Se trata de Gustavo Schmidt Breitkreitz, titular de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Penal Nº 2 (TOP 2), a quien se lo involucra en una maniobra fraudulenta en la adquisición de terrenos en sucesión que estaban usurpados.
Se produjo en un sector que afectó al área de sistemas del Registro de la Propiedad, lo que provocó la pérdida de grandes cantidades de documentación. Por esto, incluso, las oficinas de la institución se mantuvieron cerradas durante dos días. Pero la clave es que ese daño se produjo dos días después de que se informaran cinco detenciones en el marco de esta misma causa, tras un operativo realizado el 12 de febrero pasado.
Fiscal contra fiscal
El hecho que se investiga involucra la actuación de una escribana del ámbito privado, que intentó concretar la inscripción de inmuebles con los títulos de propiedad adulterados, y que aparentemente habían sido comercializados por la profesional.
Algunos lotes, incluso, fueron vendidos en más de una oportunidad.
También involucra a empleados y funcionarios de Catastro y Cartografía, del Registro de la Propiedad Inmueble, y a sus directores. Además, a profesionales del derecho y a un fiscal del Poder Judicial de Corrientes: Gustavo Schmidt Breitkreitz, titular de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Penal Nº 2 (TOP 2), a quien se lo involucra en una maniobra fraudulenta en la adquisición de terrenos en sucesión que estaban usurpados.
Su nombre fue incluido en la causa por un colega suyo, el propio Roubineau, con quien en 2019 Schmidt logró llevar a juicio al exgobernador Arturo Colombi en una causa por fondos gastados en publicidad.
Roubineau acusa a Schmidt de estafa y falsificación de documentos públicos. El acusado ya rechazó los cargos en su contra y aseguró que pidió su desafuero para ser indagado como un ciudadano común.
El mecanismo fraudulento fue detectado por los organismos de control de Catastro y del Registro de la Propiedad, cuyas autoridades oportunamente recurrieron al ámbito judicial para que se proceda a corroborar las infracciones y los posibles delitos que se habrían intentado cometer.
En la causa ya hay varios detenidos e imputados, entre ellos abogados, agrimensores, profesionales que trabajaban con matrículas falsas y funcionarios judiciales. En algunos casos las sospechan alcanzan a familiares directos de los imputados.
Las últimas detenciones se suman a las de febrero pasado, cuando la Prefectura Naval Argentina detuvo a cinco personas que integraban una banda delictiva dedicada a falsificar instrumentos públicos y a la compra y venta de inmuebles de manera irregular, según informaron desde la fuerza. Ese día se realizaron ocho allanamientos de manera simultánea a domicilios particulares, a una Escribanía y a dos Estudios Jurídicos, donde se detuvo a tres mujeres y dos hombres.
La causa está a cargo de la jueza Josefina González Cabañas, y debiera tener mucha trascendencia en Corrientes porque desde un primer momento la trama de la historia entrelazó nombres de personajes muy conocidos e intereses económicos y políticos.
