La Cancillería respaldó a la actuación del Alto Comisionado que encabezó la expresidenta chilena Michelle Bachelet y sus diferencias con la misión que impulsó el Grupo de Lima. La oposición criticó la abstención.
La Argentina dividió posturas en dos resoluciones adoptadas en Ginebra por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que preside por primera vez desde su creación. La decisión de la Cancillería fue de abstenerse en la votación que finalmente extendió por dos años la Misión Internacional Independiente en Venezuela, creada en 2019 para investigar posibles violaciones de los derechos humanos en el país caribeño. “Si los informes de la misión fueran el resultado de investigaciones realizadas con la anuencia del gobierno venezolano, sus conclusiones tendrían más posibilidades de producir cambios y efectos concretos en el mejoramiento de los derechos humanos del pueblo venezolano”, dijo el representante de la Cancillería argentina, Sebastián Rosales, durante su intervención. En tanto, la Argentina acompañó con su voto afirmativo la decisión de nombrar a un Relator Especial encargado de verificar las denuncias de represión a opositores en Rusia.
“La Argentina ha decidido abstenerse en el presente proyecto de resolución por entender que el diagnóstico realizado por la FFM (Misión Internacional Independiente) no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados”, argumentó Rosales en su intervención y agregó: “Si bien coincidimos que es el propio gobierno de Venezuela quien debe permitir el acceso de la FFM al país para investigar adecuadamente las denuncias recibidas, la renovación de la FFM en las actuales condiciones solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no puede mejorar los derechos humanos del pueblo venezolano”. “La Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Resulta imprescindible que este Consejo acompañe el proceso que permita que el pueblo venezolano recupere la convivencia pacífica y democrática para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible”, concluyo Rosales.
